Redactado por el equipo de COPILOT GESTORIA con la revisión de asesores fiscales y jurídicos colegiados.
En 2022, la Agencia Tributaria inició 31.313 procedimientos de derivación de responsabilidad para cobrar deudas de empresas directamente a sus administradores, según datos de la propia AEAT. No hablamos de grandes constructoras ni de grupos empresariales opacos. La mayoría de esos expedientes afectó a administradores únicos de sociedades limitadas de 5, 10 o 20 trabajadores. Personas que se levantaron un martes por la mañana y recibieron una notificación que les trasladaba a su patrimonio personal la deuda tributaria de su empresa.
Ese es el primer nivel del problema. El segundo es más silencioso y, potencialmente, más grave: la responsabilidad penal. No sanción administrativa. No multa de Hacienda. Juicio penal. Antecedentes. Y, en los casos más graves, prisión.
El artículo 31 bis del Código Penal, introducido por la LO 5/2010 y reformado por la LO 1/2015, estableció que las personas jurídicas —es decir, tu sociedad limitada, tu SA, tu cooperativa— pueden ser imputadas, juzgadas y condenadas por delitos cometidos en su nombre o en su beneficio. Desde la LO 4/2023, el catálogo alcanza 41 delitos. Y la condena no siempre va dirigida a la empresa: en muchos casos, el administrador personal responde también, o incluso principalmente.
Lo que hace especialmente urgente este artículo es lo que ocurrió en 2025. El Tribunal Supremo dictó tres sentencias que cambian las reglas del juego: la STS 372/2025, la STS 768/2025 y la STS 836/2025. Y la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) arrancó en septiembre de 2025, iniciando expedientes sancionadores contra empresas que no tienen canal de denuncias. Solo el 10% de las empresas obligadas lo tiene. El 90% restante está expuesto ahora mismo.
Este artículo explica, sin jerga jurídica innecesaria, qué significa todo esto para un administrador de PYME y para la gestoría que le asesora. Qué obliga la ley, qué ha cambiado en los tribunales, qué cuesta protegerse y, sobre todo, qué se puede hacer esta semana para empezar.
El Artículo 31 bis del Código Penal: Qué Dice y Por Qué Aplica a Tu PYME
El artículo 31 bis del Código Penal establece que una persona jurídica es penalmente responsable cuando uno de sus representantes legales o administradores comete un delito en nombre o por cuenta de la entidad, siempre que redunde en beneficio directo o indirecto de esta. Esta vía de imputación es la más conocida.
Pero existe una segunda vía, igual de relevante para PYMEs: la empresa también responde cuando el delito lo comete un empleado —alguien sin cargo directivo— y ese delito fue posible por una falta de vigilancia y control adecuados por parte de la organización. En otras palabras: si uno de tus trabajadores defrauda a un cliente porque nadie en tu empresa comprobaba sus operaciones, y ese fraude beneficia a la empresa, la empresa puede ser imputada aunque tú, como administrador, no supieras nada.
Los 41 delitos imputables a personas jurídicas — los más frecuentes en PYMEs
Tras la LO 4/2023 de 29 de abril, el catálogo de delitos por los que puede responder una persona jurídica en España asciende a 41. La tabla siguiente recoge los más frecuentes en sectores habituales de gestorías:
| Delito | Artículo CP | Umbral / Pena mínima | Sectores más expuestos |
|---|---|---|---|
| Defraudación fiscal (Hacienda) | Art. 305 CP | >120.000€ / 1-5 años | Todos |
| Fraude a la Seguridad Social | Art. 307 CP | >50.000€ / 1-5 años | Hostelería, construcción, temporal |
| Estafa | Art. 248-251 CP | Cualquier importe / 6 meses-3 años | Comercio, servicios, online |
| Blanqueo de capitales | Art. 301-304 CP | Sin umbral mínimo | Efectivo, inmobiliaria, hostelería |
| Corrupción en los negocios | Art. 286 bis CP | Cualquier importe / 6 meses-4 años | Consultoría, distribución, licitaciones |
| Delitos medioambientales | Art. 325-331 CP | Por impacto / variable | Industria, logística, construcción |
| Fraude en subvenciones | Art. 308 CP | >120.000€ o >40% / 1-5 años | Todos (fondos Next Generation) |
| Insolvencia punible | Art. 259-261 CP | Perjuicio a acreedores | Empresas en dificultades |
¿Qué diferencia una sanción de Hacienda de un delito penal?
Esta es la confusión más frecuente que tienen los administradores de PYMEs. La diferencia es fundamental:
- Sanción administrativa (AEAT): multa económica, recargo, intereses de demora. Resuelto pagando. No hay antecedentes penales. El procedimiento es sancionador administrativo.
- Delito penal (Código Penal): juicio oral ante un tribunal. Posible pena de prisión para el administrador. Condena para la empresa (multas hasta 9.000.000€, suspensión de actividades, incluso disolución). Antecedentes penales.
El umbral que marca la diferencia en materia fiscal es 120.000 euros de defraudación por impuesto y ejercicio, según el artículo 305 del Código Penal. Por debajo de esa cifra, el asunto se queda en Hacienda. Por encima, el expediente puede llegar a la Fiscalía.
Tu gestoría puede detectar el riesgo penal fiscal antes de que se convierta en un problema real
COPILOT GESTORIA valida automáticamente cada factura y cada modelo fiscal antes de presentarlo. Detecta incoherencias, errores de base imponible y alertas que podrían acercarte al umbral de 120.000€ sin que nadie lo haya notado.
Los 5 Mitos que Están Dejando a los Administradores de PYMEs Expuestos
En las consultas diarias de gestorías, estos son los cinco malentendidos más habituales sobre cumplimiento penal corporativo. Aclararlos puede marcar la diferencia entre actuar a tiempo o reaccionar cuando ya es demasiado tarde.
Mito 1Eso es para las grandes empresas
La STS 894/2022 confirmó que el artículo 31 bis aplica a "sociedades de pequeñas dimensiones", sin estructura organizativa compleja. No existe umbral mínimo de tamaño. Una SL unipersonal puede ser imputada.
Mito 2Si yo no lo hice, no me pueden condenar
La responsabilidad por omisión de control existe. Si un empleado comete un delito que beneficia a la empresa y tú no tenías mecanismos de supervisión, la empresa responde. Y el administrador puede responder personalmente por no haber implantado esos mecanismos.
Mito 3Mi asesor fiscal ya se encarga de esto
Tu gestoría o asesor fiscal gestiona tu relación con Hacienda. El cumplimiento penal corporativo va más allá: implica mapear riesgos de corrupción, estafas, fraude laboral y documentar los procedimientos internos de control. Son servicios complementarios, no sustitutivos.
Mito 4Con buenas prácticas informales basta
La Circular FGE 1/2016 fue muy clara: los fiscales deben distinguir el "cumplimiento de fachada" —programas de fachada sin contenido real— del cumplimiento normativo genuino. Un protocolo documentado, con evidencias de su aplicación y de la formación recibida, es lo que vale ante un tribunal.
Mito 5 "Es demasiado caro para mi tamaño" — la realidad de los números
Un programa de cumplimiento normativo básico para una micropyme (hasta 9 empleados) parte desde 1.100€ de implantación y unos 50€ al mes de mantenimiento. El canal de denuncias por separado puede contratarse desde 50€/mes para empresas con menos de 50 trabajadores.
Compara eso con las multas para personas jurídicas del artículo 33.7 del Código Penal: hasta 9.000.000€ o el quíntuplo del beneficio obtenido. O con la derivación de responsabilidad personal al administrador: la pérdida de su vivienda, sus ahorros, su patrimonio familiar.
Lo Que el Tribunal Supremo Decidió en 2025 — Y Cómo Te Afecta
El año 2025 fue especialmente activo en jurisprudencia sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. Tres sentencias del Tribunal Supremo modificaron el marco de referencia de una manera que beneficia directamente a las PYMEs que tienen, aunque sea, un programa básico de cumplimiento normativo.
STS 372/2025 — La empresa responde por sí misma, no por contagio
La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2025 (Ponente: Manuel Marchena Gómez) consolidó el principio de autorresponsabilidad corporativa. El tribunal estableció que "la responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede basarse exclusivamente en la conducta delictiva de una persona física vinculada a la entidad".
Lo que esto significa en la práctica: la empresa no responde por contagio automático del delito de su administrador. Responde por su propio defecto organizativo. Si la empresa tenía mecanismos de control que funcionaban, pero el administrador los saltó con un acto doloso, eso puede ser un elemento exculpatorio para la entidad.
STS 768/2025 y STS 836/2025 — La gran noticia: el Fiscal debe probar que tu programa de cumplimiento falló
Estas dos sentencias, de 25 de septiembre y 14 de octubre de 2025 respectivamente, revirtieron el criterio establecido en la STS 298/2024 y suponen el cambio más favorable para las empresas en muchos años.
El Tribunal Supremo estableció que es el Ministerio Fiscal quien debe probar que el programa de cumplimiento normativo de la empresa fue ineficaz. Antes, era la empresa quien tenía que probar que su programa de cumplimiento funcionaba. Ahora, si tienes un programa instalado —aunque sea básico—, la Fiscalía tiene que acreditar que ese programa era un fraude, que no se aplicaba o que existían incumplimientos graves.
Esto es especialmente relevante para PYMEs: una empresa con un código ético documentado, un canal de denuncias operativo y formación básica registrada ya parte con una posición mucho más favorable en un eventual proceso penal.
STS 3465/2025 — Hacienda no puede derivarte la deuda solo por ser administrador
La sentencia de 17 de julio de 2025 establece un límite importante a la práctica de derivación de responsabilidad tributaria: "La condición de administrador es necesaria pero no suficiente. La Administración no puede derivar responsabilidad solo por ocupar el cargo; debe justificar de forma clara y específica qué conducta del administrador fue dolosa o negligente".
Esto corta el automatismo con el que, en muchos casos, Hacienda trasladaba la deuda de la empresa al administrador simplemente por figurar en el Registro Mercantil. Ahora necesita motivar la derivación con actos concretos.
La validación fiscal automatizada es tu primera capa de protección frente al riesgo penal
COPILOT GESTORIA verifica automáticamente cada Modelo 303, 111 y 130 antes de presentarlo: importes, NIF, bases imponibles, retenciones. Detecta discrepancias que Hacienda usaría como punto de partida de una inspección.
El Canal de Denuncias: La Obligación que el 90% de Empresas Está Incumpliendo
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas (transposición de la Directiva UE Whistleblowing) entró en vigor con una obligación clara: las empresas con 50 o más trabajadores deben disponer de un canal interno de denuncias. El plazo para cumplirlo venció en diciembre de 2023.
Según varias fuentes especializadas, en 2025 solo el 10% de las empresas obligadas ha implantado el canal. El 90% restante lleva más de un año incumpliendo una norma que ya está siendo sancionada.
Qué cambió en septiembre de 2025
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) inició sus funciones en septiembre de 2025. Hasta entonces, la norma existía pero la autoridad de control no estaba operativa. Desde septiembre de 2025, la AIPI puede instruir expedientes sancionadores y aplicar las multas previstas en la ley.
El régimen sancionador de la Ley 2/2023 establece:
| Tipo de infracción | Ejemplo | Multa personas jurídicas |
|---|---|---|
| Muy grave | Represalias al informante, revelar su identidad, obstruir la denuncia | Hasta 1.000.000€ |
| Grave | No implementar el canal obligatorio, no respetar plazos de respuesta | Entre 10.000€ y 600.000€ |
| Leve | Deficiencias formales en el canal, anonimato no garantizado | Hasta 100.000€ |
El canal de denuncias como puerta de entrada al programa de cumplimiento normativo
El canal de denuncias no es solo una obligación legal independiente: es el primer componente funcional de cualquier programa de cumplimiento normativo penal. Sin canal, la empresa no tiene el mecanismo básico para detectar internamente irregularidades antes de que lleguen a ser denuncias externas o inspecciones de Hacienda.
Para las gestorías, esta es una oportunidad directa: sus clientes con 50 o más trabajadores necesitan implementar el canal. Pueden hacerlo con herramientas externas desde 50€/mes, o como parte de un programa más amplio. La gestoría que asesore este proceso genera valor diferencial y fideliza al cliente.
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Los Delitos que Más Afectan a las PYMEs — Cuándo la Gestión Fiscal Cruza la Línea Penal
No todos los delitos del catálogo de 41 son igualmente relevantes para una PYME de servicios o comercio. Estos son los que la gestoría debe conocer para poder alertar a sus clientes:
El delito fiscal: el umbral de 120.000€ y cómo se calcula
El artículo 305 del Código Penal establece que comete delito contra la Hacienda Pública quien defrauda a la AEAT por una cuantía superior a 120.000 euros en un ejercicio fiscal. Este umbral se aplica por impuesto y ejercicio.
Un ejemplo práctico: una empresa de construcción que durante 2025 presentó el IVA con facturas de gasto artificialmente infladas, reduciendo la cuota neta en 90.000€, y además subdeclaró retenciones de trabajadores por 45.000€. Son dos hechos distintos: el primero no supera el umbral (no es delito fiscal), pero el segundo tampoco. Ahora bien, si en un ejercicio futuro el IVA defraudado supera los 120.000€, eso ya es delito independiente.
Para una gestoría, el Modelo 303 y el Modelo 111 son los dos vectores principales de riesgo fiscal penal de sus clientes PYME. Cualquier irregularidad sistemática —bases imponibles incorrectas, retenciones mal declaradas, gastos deducidos sin factura válida— acumula riesgo que puede cruzar ese umbral en uno o varios ejercicios.
Fraude a la Seguridad Social y el riesgo de las nóminas mal gestionadas
El artículo 307 del Código Penal tipifica como delito defraudar a la Seguridad Social por encima de 50.000€ en un ejercicio. Este umbral es más bajo que el fiscal y afecta especialmente a sectores con alta rotación de personal: hostelería, construcción, limpieza, seguridad privada.
Las prácticas más frecuentes que generan este riesgo: cotizar con bases inferiores a la remuneración real, acuerdos de "sobre" con trabajadores, falsos autónomos con control laboral real de la empresa. La gestoría que gestiona las nóminas y los TC2 de sus clientes ve estos patrones antes que nadie.
Blanqueo de capitales: el riesgo oculto del efectivo
Las empresas que operan con pagos en efectivo por encima de los límites legales (actualmente 1.000€ entre empresarios y profesionales según el artículo 7 de la Ley 7/2012) pueden incurrir en blanqueo de capitales si no pueden justificar el origen de esos fondos. Para sectores como la hostelería, el comercio minorista o los talleres, es un riesgo real que muchas veces se subestima.
Qué Necesita un Programa de Cumplimiento Normativo Eficaz — El Estándar UNE 19601
Para que un programa de cumplimiento normativo penal sirva como eximente o atenuante ante un tribunal, debe cumplir cuatro requisitos establecidos en el propio artículo 31 bis del Código Penal:
- Mapa de riesgos penales específico de la empresa: identificación de las áreas, funciones y relaciones de negocio donde la empresa podría cometer un delito. No vale un mapa genérico de internet.
- Protocolos de prevención y detección: procedimientos concretos para evitar que los riesgos identificados se materialicen. Documentados y accesibles para los empleados.
- Canal de denuncias operativo: mecanismo para que empleados, proveedores o clientes puedan informar de irregularidades de forma anónima y sin temor a represalias.
- Órgano de supervisión: una persona o comité responsable de que el programa se aplica y se actualiza. En micropymes, el administrador puede asumir esta función directamente (lo permite expresamente la norma UNE 19601 para entidades de pequeña dimensión).
Por qué el cumplimiento normativo de fachada no sirve
La Circular FGE 1/2016 instruyó a los Fiscales para que distingan el cumplimiento normativo real del que ella misma llama "cumplimiento de fachada": programas de aspecto impecable pero sin implantación real, sin formación documentada, sin registros de incidencias, sin evidencias de que alguien los aplica de verdad.
Los tribunales han rechazado programas de cumplimiento normativo que eran copiados de plantillas genéricas, que no incluían el análisis de riesgo específico de esa empresa, o que el personal de la empresa desconocía por completo. Un programa que nadie conoce ni aplica no es un programa: es papel.
En PYMEs pequeñas: el administrador puede ser el Responsable de Cumplimiento
La norma UNE 19601 —el estándar español de certificación de sistemas de gestión de cumplimiento normativo penal— permite expresamente que en empresas de pequeñas dimensiones, el órgano de administración asuma directamente las funciones de supervisión del cumplimiento normativo. Esto elimina la necesidad de contratar un Responsable de Cumplimiento a tiempo completo o parcial, lo que hace que el coste del programa sea proporcional al tamaño de la empresa.
Lista de verificación de cumplimiento normativo para gestorías
Descarga el recurso con los 10 errores más críticos que la AEAT detecta y cómo evitarlos. Incluye los vectores de riesgo penal más frecuentes en clientes PYME.
Cuánto Cuesta el Cumplimiento Normativo Penal — Tabla Real de Precios
Uno de los principales frenos para implementar un programa de cumplimiento normativo es la percepción de que es un servicio exclusivo de grandes empresas con presupuestos de 50.000€ o más. Los precios reales del mercado en 2026 cuentan una historia diferente.
| Tamaño empresa | Implantación | Mantenimiento anual | Canal de denuncias |
|---|---|---|---|
| Micropyme 1-9 empleados |
Desde 1.100€ | 600€/año | Desde 50€/mes |
| PYME pequeña 10-49 empleados |
5.000-15.000€ | 2.400-6.000€/año | Obligatorio si ≥50 |
| PYME mediana 50-200 empleados |
15.000-30.000€ | 5.000-12.000€/año | Incluido (obligatorio) |
El ROI del cumplimiento normativo: la comparativa que nadie hace
Con programa de cumplimiento normativo
- Micropyme: 1.100€ implantación + 600€/año
- Inversión a 5 años: ~4.100€
- Posición ante tribunal: eximente o atenuante
- Multa AEAT si hay error: sanción administrativa
- Carga de la prueba: le corresponde al Fiscal (STS 768/2025)
Sin programa de cumplimiento normativo
- Coste implantación: 0€
- Multa máxima persona jurídica: hasta 9.000.000€
- Derivación responsabilidad personal administrador
- Posibles antecedentes penales del administrador
- Canal de denuncias sin implantar: hasta 600.000€
Por Qué Tu Gestoría Es Tu Primera Línea de Defensa — El Papel que Nadie Ha Explicado
La gestoría administrativa es, en la mayoría de las PYMEs españolas, la única figura externa con acceso completo a la información económica, fiscal y laboral de la empresa. Eso la sitúa en una posición privilegiada —y también en una posición de responsabilidad— respecto al riesgo penal de sus clientes.
La gestoría ve lo que el administrador no ve
Cuando la gestoría procesa las facturas de un cliente, suma el IVA deducido y comprueba las bases imponibles de los trimestres, está realizando, sin saberlo, la primera comprobación del riesgo de delito fiscal. Si la cuota de IVA que el cliente está dejando de pagar mes a mes se acerca a los 120.000€ anuales, la gestoría es la primera en poder detectarlo.
Lo mismo ocurre con las retenciones del Modelo 111: si hay discrepancias entre las retenciones practicadas y las nóminas reales, el patrón puede ser visible en la gestoría antes de que llegue a ser un problema con Hacienda o, peor, un expediente penal.
VERIFACTU y la facturación electrónica como primer módulo de cumplimiento normativo
Las gestorías que ya están ayudando a sus clientes a implantar VERIFACTU (conforme a la Orden HAC/1177/2024) están, sin necesariamente llamarlo así, implementando el primer bloque del programa de cumplimiento normativo penal: la trazabilidad documental inmutable. El hash SHA-256 por factura, el encadenamiento de registros y el QR verificable son exactamente el tipo de evidencia que un tribunal pide para demostrar que la empresa no ha manipulado su contabilidad.
Artículos relacionados en este blog que pueden complementar esta información: Factura Electrónica Obligatoria 2025-2027: Roadmap Completo y RGPD Gestorías: Multas Reales y Lista de Verificación Cumplimiento Normativo.
Cómo ofrecer el cumplimiento normativo como servicio desde tu gestoría
Las gestorías que dan el paso de ofrecer el cumplimiento normativo penal como servicio —no solo fiscal y laboral— tienen una ventaja competitiva clara. Pueden actuar como Responsable de Cumplimiento Externo para sus clientes PYME, coordinando el mapa de riesgos, la documentación de protocolos y la actualización anual del programa.
El modelo más habitual es: la gestoría aporta los datos fiscales y laborales (que ya tiene), un abogado penalista colaborador revisa el mapa de riesgos, y se entrega al cliente un programa básico documentado. Para empresas de hasta 30 trabajadores, este servicio puede ofrecerse por entre 2.000 y 5.000€ más una cuota de mantenimiento anual.
COPILOT GESTORIA detecta errores fiscales antes de que se conviertan en un riesgo penal
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Lista de Verificación: 15 Pasos para Implementar el Cumplimiento Normativo Penal en tu PYME
Esta guía está pensada para que la gestoría y el administrador la recorran juntos en una primera reunión de diagnóstico. No requiere abogados externos en los primeros pasos; simplemente abre el proceso.
Fase 1 — Diagnóstico (semana 1)
- Inventario de actividades que podrían generar riesgo penal (con la gestoría)
- Revisión de si la empresa supera el umbral de 50 trabajadores (canal de denuncias)
- Comprobación de si existe algún protocolo escrito de control interno
- Revisión de contratos con proveedores y clientes clave
- Verificación del cumplimiento de límites de efectivo (1.000€)
Fase 2 — Mapa de riesgos (semana 2-3)
- Identificar las 5 situaciones de riesgo penal más probables para tu sector
- Asignar a cada riesgo un responsable de control interno
- Documentar qué controles existen ya (aunque sean informales)
- Revisar la gestión de pagos a empleados (nóminas vs. cotizaciones reales)
- Revisar relaciones con Administraciones Públicas (subvenciones, licitaciones)
Fase 3 — Implantación (mes 2)
- Redactar código ético básico (puede ser 2-3 páginas)
- Implantar canal de denuncias (si hay 50+ trabajadores, urgente)
- Designar Responsable de Cumplimiento (puede ser el propio administrador en micropymes)
- Formación inicial a empleados (documentar asistencia)
- Establecer revisión anual en el calendario de la gestoría
Lo que la gestoría puede aportar en cada fase
- Datos fiscales para construir el mapa de riesgo fiscal
- Alertas cuando el IVA acumulado se acerca al umbral de 120.000€
- Revisión de nóminas para detectar divergencias con cotizaciones
- Documentación de facturas con VERIFACTU (trazabilidad)
- Recordatorio de revisión anual del programa
Guía de Ciberseguridad para Gestorías — 40 Puntos de Control
Los riesgos digitales también generan responsabilidad penal. Esta guía cubre protección de datos, accesos, incidentes y cumplimiento del ENS para despachos. Descarga gratuita.
Preguntas Frecuentes sobre Cumplimiento Normativo Penal para PYMEs
Conclusión: Lo Que Debes Hacer Esta Semana
El cumplimiento normativo penal para PYMEs dejó de ser una preocupación futura. Las sentencias del Tribunal Supremo de 2025 han clarificado las reglas. La AIPI está sancionando. La AEAT suma 31.313 procedimientos de derivación de responsabilidad al año. Y el catálogo de 41 delitos aplica a cualquier empresa, desde la SL unipersonal de un autónomo societario hasta la mediana empresa con 150 trabajadores.
La buena noticia es que la protección es proporcionada: una micropyme puede tener un programa funcional por poco más de 1.000€ de implantación. Y desde las STS 768/2025 y 836/2025, incluso ese programa básico invierte la carga de la prueba a favor de la empresa.
Para la gestoría, el mensaje es diferente: su posición como primer punto de contacto con la información fiscal y laboral del cliente la convierte en la primera línea de detección del riesgo penal. Esa posición es una responsabilidad, pero también es una oportunidad de negocio. Las gestorías que incorporen el diagnóstico de riesgo penal como parte de su servicio habitual —aunque sea derivando a abogados penalistas colaboradores— tendrán un argumento de retención de clientes que ningún software de precios bajos puede replicar.
Tres acciones concretas para esta semana:
- Si tienes 50 o más trabajadores: verifica hoy mismo si tienes canal de denuncias operativo. Si no lo tienes, la prioridad es implantarlo antes de recibir un expediente de la AIPI.
- Si eres gestor: revisa la situación de tus clientes con mayor volumen de facturación respecto al umbral de 120.000€ de IVA e IRPF acumulado. La alerta temprana es el servicio más valioso que puedes ofrecer.
- Si eres administrador de PYME: pregunta a tu gestoría si existe algún protocolo escrito de control interno en tu empresa. Si la respuesta es no, tienes trabajo que hacer antes de que lo haga la Fiscalía.
Si quieres saber más sobre cómo la automatización fiscal reduce el riesgo de errores que podrían cruzar el umbral penal, lee también nuestros artículos sobre blanqueo de capitales y responsabilidad penal de las gestorías y sobre las novedades fiscales de 2026.
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Referencias normativas y jurisprudenciales
- Artículo 31 bis del Código Penal (LO 5/2010, reformado por LO 1/2015) — Responsabilidad penal de personas jurídicas
- Artículo 33.7 del Código Penal — Penas aplicables a personas jurídicas
- Artículo 305 del Código Penal — Delito contra la Hacienda Pública (umbral 120.000€)
- LO 4/2023 de 29 de abril — Ampliación del catálogo de delitos a 41 imputables a personas jurídicas
- Ley 2/2023 de 20 de febrero (BOE-A-2023-4513) — Canal de denuncias obligatorio (empresas 50+ trabajadores)
- Circular FGE 1/2016 — Instrucciones a Fiscales para evaluar eficacia del cumplimiento normativo
- Norma UNE 19601 (2017) — Sistema de gestión de cumplimiento normativo penal
- STS 372/2025 (11 abril 2025) — Principio de autorresponsabilidad corporativa
- STS 768/2025 (25 septiembre 2025) y STS 836/2025 (14 octubre 2025) — Carga de la prueba sobre ineficacia del cumplimiento normativo corresponde al Fiscal
- STS 3465/2025 (17 julio 2025) — Derivación de responsabilidad tributaria: Hacienda debe probar conducta culpable concreta del administrador
